Lima, 19 ago. (PL) El partido gobernante y los indígenas peruanos reclaman hoy la pronta aprobación de la ley de consulta a las comunidades sobre el uso de sus tierras, en medio de resistencias ligadas a intereses empresariales
Tanto la bancada oficialista, Gana Perú, como la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) recibieron en ese afán el apoyo de la Coordinadora de organizaciones de Derechos Humanos.
Gana Perú plantea retomar la Ley de Consulta aprobada por el Congreso el año pasado y concertada con las organizaciones indígenas pero vetada por el entonces presidente Alan García.
El intento del oficialista presidente del Congreso, Daniel Abugattás, de poner en debate el tema de inmediato, fue bloqueado por otras bancadasas, obstrucción que coincide con intereses empresariales ligados a la minería, según el parlamentario Javier Diez Canseco, de Gana Perú.
Legisladores de fuerzas conservadoras pretenden que el tema vuelva a cero, lo cual implica preparar una nueva ley, posición que rechazaron Aidesep, Conacami, las organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, porque tomaría mucho tiempo.
Un diario apuntó que entre quienes obstaculizan la pronta aprobación de la ley hay varios cuyas campañas electorales recibieron financiamiento de una fundación mantenida por empresas mineras y de otros rubros.
La norma establece que las decisiones que afecten tierras indígenas deberán ser previamente consultadas con los nativos, lo que estos reclamaron en una gran protesta amazónica en junio de 2009, que dejó un saldo de 23 policías y diez civiles muertos.
Parece que no hemos aprendido esa lección, comentó Diez Canseco, a tiempo de recordar que Aidesep ha advertido que reiniciará protestas si la ley de consulta no fuera aprobada con celeridad.
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, advirtió que iniciar nuevamente el proceso en vez de retomar la ley ya aprobada, obligaría a una nueva consulta a los nativos y postergaría la aprobación por varios años.
La Defensoría del Pueblo recordó que más de la mitad de los conflictos sociales existentes en el país son socioambientales, es decir que están referidos al rechazo de las comunidades a la actividad contaminante de empresas mineras o petroleras.
Esas empresas operan por concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades, la que es obligatoria por mandato de una convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmada por el Estado peruano
Tanto la bancada oficialista, Gana Perú, como la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) recibieron en ese afán el apoyo de la Coordinadora de organizaciones de Derechos Humanos.
Gana Perú plantea retomar la Ley de Consulta aprobada por el Congreso el año pasado y concertada con las organizaciones indígenas pero vetada por el entonces presidente Alan García.
El intento del oficialista presidente del Congreso, Daniel Abugattás, de poner en debate el tema de inmediato, fue bloqueado por otras bancadasas, obstrucción que coincide con intereses empresariales ligados a la minería, según el parlamentario Javier Diez Canseco, de Gana Perú.
Legisladores de fuerzas conservadoras pretenden que el tema vuelva a cero, lo cual implica preparar una nueva ley, posición que rechazaron Aidesep, Conacami, las organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, porque tomaría mucho tiempo.
Un diario apuntó que entre quienes obstaculizan la pronta aprobación de la ley hay varios cuyas campañas electorales recibieron financiamiento de una fundación mantenida por empresas mineras y de otros rubros.
La norma establece que las decisiones que afecten tierras indígenas deberán ser previamente consultadas con los nativos, lo que estos reclamaron en una gran protesta amazónica en junio de 2009, que dejó un saldo de 23 policías y diez civiles muertos.
Parece que no hemos aprendido esa lección, comentó Diez Canseco, a tiempo de recordar que Aidesep ha advertido que reiniciará protestas si la ley de consulta no fuera aprobada con celeridad.
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, advirtió que iniciar nuevamente el proceso en vez de retomar la ley ya aprobada, obligaría a una nueva consulta a los nativos y postergaría la aprobación por varios años.
La Defensoría del Pueblo recordó que más de la mitad de los conflictos sociales existentes en el país son socioambientales, es decir que están referidos al rechazo de las comunidades a la actividad contaminante de empresas mineras o petroleras.
Esas empresas operan por concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades, la que es obligatoria por mandato de una convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmada por el Estado peruano
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