Señalan que la resolución emitida por este órgano internacional “es un triunfo para los pueblos originarios y significa que aún podemos alcanzar justicia…”
POSICIÓN. Organizaciones campesinas de Cajamarca agradecen a la CIDH
POSICIÓN. Organizaciones campesinas de Cajamarca agradecen a la CIDH
La Central Única Nacional de Rondas campesinas del Perú (CUNARC-P), la Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca y el Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca agradecieron “a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber atendido a nuestra solicitud de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de las autoridades ronderas de nuestras comunidades y rondas campesinas de las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca”, señala un pronunciamiento público de estas organizaciones campesinas.
Los dirigentes agregan que “este es un triunfo para los pueblos originarios de todo el país y el mundo, y significa que aún podemos alcanzar justicia frente a las violaciones de nuestros derechos fundamentales”.
Precisan que “el 07 de mayo de 2014, la CIDH nos notificó la Resolución 9/2014, a través de la cual otorga medidas cautelares a favor de 46 líderes de las comunidades y rondas campesinas de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca; la familia Chaupe; el rondero Luis Mayta; y el comunicador social rondero César Estrada”.
“Estas medidas cautelares fueron solicitadas por los pueblos originarios de Cajamarca y el Pacto de Unidad de las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas del Perú en diciembre de 2011, por encontrarse en grave riesgo la vida e integridad de los líderes y miembros de estas comunidades y rondas campesinas, que por oponerse al megaproyecto Conga estaban siendo víctimas del uso ilegal de la fuerza pública por parte del Estado”, refiere el documento.
Agregan que “la resolución de la CIDH significa que aquellas personas serán beneficiadas con medidas especiales que el Estado tendrá que adoptar a su favor, para garantizar el respeto a sus vidas e integridad. Dicha resolución señala, además, que el Estado deberá acordar estas medidas con los beneficiarios, no pudiendo ser adoptadas unilateralmente”.
INFORMACIÓN DE HECHOS
Indican que “desde diciembre de 2011 a la fecha, las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca hemos alcanzado información actualizada sobre las amenazas, hostigamientos y ataques de las que han sido víctimas las autoridades ronderas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, la familia Chaupe, demás miembros de nuestras comunidades y población en general, por parte de efectivos de la DINOES, militares, agentes de seguridad privada de la empresa minera Yanacocha y grupos armados como paramilitares”.
“Entre los hechos denunciados, también informamos sobre los desalojos y quema de campamentos que sufrieron nuestros Guardianes de las Lagunas, las cinco muertes provocadas por la violencia del Estado, y la continuidad de actividades mineras de la empresa Yanacocha, negada siempre por esta y el Estado. En este lapso, en abril de 2012, nuestras comunidades y rondas campesinas presentamos una petición (demanda) contra el Estado peruano, por otorgar concesiones mineras dentro de nuestro territorio ancestral a la empresa minera Yanacocha sin nuestro consentimiento libre, previo e informado, vulnerando los estándares internacionales de protección de derechos de los pueblos indígenas”, señala el documento.
PROTECCIÓN DE DERECHOS
Comentan que “las Medidas Cautelares y la Petición presentadas son dos mecanismos distintos para proteger nuestros derechos fundamentales. Con la Resolución 9/2014, la CIDH nos da la razón sobre la primera, al estar convencida de que la vida e integridad de los 46 líderes y lideresas, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador social César Estrada se encuentran en grave riesgo. Sin embargo, la CIDH señala que la cuestión de fondo, es decir, determinar si la presencia del megaproyecto conga es ilegal dentro de nuestro territorio ancestral rondero queda pendiente de resolver por esta instancia internacional”.
RECHAZAN DECLARACIONES
Indican que “por ello, rechazamos y lamentamos las declaraciones emitidas de mala fe por el embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, y demás funcionarios del Estado, que han tergiversado las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Jiménez ha presentado la Resolución 9/2014 como si autorizara la continuación de las actividades mineras de la empresa Yanacocha; y como si el requerimiento que la CIDH hace al Estado para que adopte de medidas para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios fuera ‘poco relevante’, en tanto el Estado tiene la obligación de hacerlo con los 30 millones de peruanos”.
Señalan además que “Jiménez engaña a los medios de comunicación y al resto del país, al manifestar que la CIDH ha señalado que la solicitud de algunas organizaciones no gubernamentales no tiene asidero para suspender el megaproyecto Conga. En primer lugar, porque la solicitud de Medidas Cautelares del 2011, así como la Petición del 2012, han sido presentadas por las propias comunidades y rondas campesinas de las provincias que serán afectadas por el megaproyecto Conga, así como por las organizaciones nacionales que representan a los pueblos indígenas del Perú (Pacto de Unidad), y no por alguna ONG. En segundo lugar, porque la CIDH en ningún momento ha señalado que nuestros argumentos para suspender el megaproyecto Conga no tienen asidero, ni mucho menos ha rechazado esta solicitud. Lo que la Resolución 9/2014 establece es que este tema será abordado cuando se revise la Petición, que aún está en trámite”.
Finalmente señalan que “en asamblea del 01 de mayo, las autoridades jurisdiccionales ronderas acordamos realizar una diligencia de inspección en la laguna El Perol el 13 de mayo, toda vez que ronderos han denunciado el inminente trabajo que realiza la empresa Yanacocha en los alrededores de esta laguna”